El Consejo de Ministros aprobó en julio de 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un real decreto del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública por el cual el Ministerio de Cultura asumía competencias en materia de tauromaquia y actividades taurinas. Asumir dichas competencias significaba que, a partir de ese momento, deberían ocuparse de las cuestiones relacionadas con la promoción y fomento de esa disciplina artística, los estudios, estadísticas y análisis sobre la materia y también el registro de profesionales del sector.
Han pasado nueve años de aquel cambio, a priori sustancial por el reconocimiento que suponía de la tauromaquia como industria cultural de primer orden en el país y, sin embargo, hoy por hoy, son escasas las medidas y las políticas públicas diseñadas al efecto. El cambio parece más una cuestión simbólica que real y objetiva.
La Cuenta Satélite de la Cultura en España (CSCE) existe desde hace más de diez años y es una operación estadística de periodicidad anual cuyo objetivo es proporcionar un sistema de información económica relacionado con la cultura, diseñado como satélite del sistema principal de cuentas nacionales, que permita estimar el impacto de la cultura sobre el conjunto de la economía española. La tauromaquia no está catalogada como sector independiente de medición, como ocurre con patrimonio, audiovisual, libros y prensa, artes escénicas o archivos y bibliotecas, entre otros. Es urgente para el futuro inminente establecer los indicadores que midan sus dinámicas y que sirvan de base al diseño de políticas específicas que lo sustenten. La tauromaquia no es sólo importante por las cifras que aporta al PIB, la economía es una variable más, pero hoy por hoy sigue habiendo cierta irregularidad en los datos y, por tanto, en la fiabilidad de éstos. No hay homogeneidad en las métricas, ni siquiera entre las propias comunidades autónomas, que agrupan de manera diferente cuestiones como el número de festejos que celebran. La métrica de cualquier sector, cultural en este caso, nos permite entender las oscilaciones y la coyuntura en la que se producen las modificaciones de su cadena de valor y cuanto más información arroje y más sistematizada esté, más podremos parecernos al resto de sectores culturales a todos los niveles.
La cuenta satélite debe incluir a la tauromaquia, de la misma manera que deben hacerlo los planes de industrias culturales de las comunidades autónomas; la administración pública tiene, por ley, que aportar esos datos en primer lugar y batallar porque sean homogéneos e incorporarlos a los del resto de industrias culturales como reconocimiento efectivo a la normalización del sector. El desafío es conseguir que comience a formar parte de los planes del Ministerio en materia de impulso de la cultura y que de una vez deje de ser moneda política para ser realmente moneda cultural. La Unión Europea no regula la cultura porque es competencia de los Estados y es ahí donde para el sector llegar a la UNESCO juega un papel esencial en la defensa de la tauromaquia como patrimonio cultural.
El texto de la convención de 2005 protege la diversidad y defiende que la cultura no puede seguir siendo considerada únicamente como un subproducto del desarrollo, sino que debe ser vista como uno de los principales factores del desarrollo sostenible; replantee un nuevo marco internacional para la gobernanza y la gestión de la cultura mediante el fomento de políticas y medidas culturales que fomenten la creatividad; facilite el acceso de los creadores a los mercados nacionales e internacionales donde sus obras/expresiones artísticas puedan ser debidamente reconocidas y asegure que estas expresiones son accesibles al público en general. Reconoce el carácter distintivo de los bienes, servicios y actividades culturales como vectores de transmisión de identidad, valores y sentidos, y que dichos bienes y actividades culturales no son mercancías o bienes de consumo que puedan ser considerados únicamente como objetos de comercio, aunque tengan un valor económico importante.
El desafío es también estimular la dimensión internacional de la tauromaquia por su potencialidad de expansión y crecimiento, facilitando a través de las herramientas de promoción de la actividad económica exterior la proyección internacional del sector.
Por tanto, además de reconocer a los profesionales taurinos el estatus que les pertenece, es imprescindible promover un diagnostico estratégico de la situación de la tauromaquia en el que participen los principales agentes, los distintos niveles de la administración pública competentes, la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Es necesario instar a las administraciones públicas, estatal y autonómica, a reconocer el carácter de la tauromaquia como industria cultural y creativa incorporándola a las políticas públicas culturales y a los tratamientos administrativos de manera efectiva. Y es urgente profundizar en el conocimiento de la aportación de la tauromaquia a la economía española (PIB, VAB) como ocurre con el resto de las industrias culturales. Por ahí, quizá, después de lo vivido en estos meses, podría comenzarse a trabajar para que nada de lo sucedido pueda volver a repetirse y para obtener el reconocimiento, legal, administrativo y efectivo que tiene el resto de la cultura en nuestro país.
Mónica P. Alaejos es profesora de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca
CUARTO AÑO. NÚMERO ONCE. OTOÑO. SEPTIEMBRE – DICIEMBRE. 2020
